Antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro inicio el TSJ desde el exilio

***El hecho sin precedentes se llevó a cabo en Colombia donde  el TSJ en el exilio,  recibió a la fiscal Luisa Ortega Díaz  quien solicitó que la Fuerza Armada de Venezuela ejecute la captura contra Nicolás Maduro; además pidió que se intervengan los bienes y cuentas del mandatario.***

En un acto sin precedentes en la historia de Venezuela y el mundo, el legítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio realizó la audiencia de antejuicio de mérito contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, tras sus presuntas vinculaciones con el caso Odebrecht. La fiscal en el exilio mostró las pruebas para imputarlo.

“Solicito que la Fuerza Armada de Venezuela ejecute la captura contra Nicolás Maduro y lo ponga a la orden de un tribunal, solicito que se le intervengan sus bienes y cuentas (…) espero que se haga justicia”; exigió la fiscal Luisa Ortega Díaz.

En la audiencia que se llevó a cabo en el Congreso de Colombia y que fue transmitida en vivo, la legítima fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó las pruebas que demostrarían que efectivamente Maduro debe ser enjuiciado; con esto inicia un proceso penal que podría derivar en la destitución formal del dictador y en la activación de la orden de captura internacional.

Como estaba previsto Maduro no se presentó en la audiencia a pesar de haber sido debidamente notificado; ante esa situación se procedió a la designación de un defensor público.

Durante su derecho de palabra como fiscal del caso, Ortega detalló que Maduro recibió una millonaria suma de dinero en la propia Cancillería venezolana, de manos de los ciudadanos Mónica Moura y Joao Santana, creadores de la campaña presidencial de Hugo Chávez.

Además de esto, Ortega señaló que Odebrecht también financió la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2013

“En la investigación preliminar surgieron serios y fundados elementos que señalan a Maduro en delitos de corrupcion y legitimacion de capitales”; dijo la fiscal.

La fiscal denunció “toda una estructura de corrupción”; la fiscal consignó las sentencias que dan fe de sus señalamientos y que servirían como punto de partida para la investigación del caso.

“El caso de Venezuela fue verdaderamente escandaloso, fue el país donde se causó mayor daño patrimonial (…) el principal responsable de estos hechos es Nicolás Maduro Moros”; señaló la fiscal.

La fiscal mostró el convenio Marco firmado entre Brasil y Venezuela y firmado por Maduro. La fiscal denunció que el Parlamento nunca revisó dicho acuerdo porque la presidenta de la Asamblea era la esposa, Cilia Flores. Ortega consignó dicho documento para que sean valorados.

Se refirió al segundo puente sobre el Lago de Maracaibo que jamás se realizó y por el cual Odebrecht recibió US$ 407 millones de dólares; mostró las experticias y las pruebas.

La fiscal señaló que el Ministerio Público pudo constatar la existencia de 13 obras que el régimen contrató con Odebrecht y que actualmente se encuentran paralizadas.

Además entregó un CD con el contenido de las delaciones de los principales testigos de Odebrecht en Brasil.

“Fue tal el compromiso que tuvo Maduro con Odebrecht que el 4 de mayo de 2013 aprobó el punto de cuenta para desembolsar dinero a Odebrecht”; señaló la fiscal mientras consignaba todos los puntos de cuenta.

“La prioridad de Maduro no fue la situación que se estaba viviendo en Venezuela sino pagar a Odebrecht obras inconclusas y paralizadas”; denunció Ortega Díaz durante la audiencia.

Entregó también estractos de las cuentas bancarias que fueron utilizadas en las operaciones.

“Todas estas acciones están previstas como delitos en nuestro ordenamiento jurídico”, reiteró Luisa Ortega.

Concluyó con la solicitud de que el TSJ acuda a la Interpol para que se dé la captura internacional contra Nicolás Maduro Moros.

“Solicito que la Fuerza Armada de Venezuela ejecute la captura contra Nicolás Maduro y lo ponga a la orden de un tribunal, solicito que se le intervengan sus bienes y cuentas (…) espero que se haga justicia”; exigió.

El legítimo TSJ presidido por el magistrado Miguel Ángel Martín, admitió las pruebas presentadas por Ortega Díaz, y ahora quedará la responsabilidad en manos de la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora, de admitir el juicio para continuar con el procedimiento penal.

Ahora la legítima Asamblea Nacional deberá aprobar con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros que el juicio continúe.

La fiscal, que cuenta con las pruebas para imputar al mandatario, señaló que el expresidente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, confirmó que pagó unos 35 millones de dólares a Maduro por la campaña que lo llevó al poder tras el fallecimiento de Hugo Chávez (1999-2013).

De la investigación se pudo constatar que en el 2012 la campaña del presidente Hugo Chávez la pagó Odecrecht y que quien recibió el dinero era Nicolás Maduro, en esa oportunidad Maduro era canciller de Venezuela”; señaló la exfiscal.

El antejuicio de mérito es una autorización que se solicita para enjuiciar a un alto funcionario. Es decir, el paso previo para enjuiciar penalmente a un alto funcionario por alguna falta grave o delito.

Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, explicó a PanAm Post que en la audiencia se demostró que existen méritos para el enjuiciamiento contra Nicolás Maduro, pues según las pruebas presentadas por la fiscal, el mandatario de Venezuela habría incurrido en delitos de corrupción propia y deslegitimación de capitales.

El siguiente paso es la autorización de la AN para su enjuiciamiento; y una vez sea autorizado, el TSJ iniciará el juicio.

“Este procedimiento debe durar unos 30 días más o menos; una vez se demuestre que Maduro es culpable y tras no presentarse en las audiencias, se le dictará una orden de captura internacional que deberá ser acatada tanto por las autoridades de Venezuela como por los países del mundo”; señaló Mármol.

La magistrada explicó a PanAm Post que Nicolás Maduro es un presidente de facto luego de que la AN designara su ausencia absoluta, y recordó que no solo el mandatario debe ser enjuiciado por el caso Odebrecht; sino que además no debería postularse para unas elecciones en Venezuela tras la impugnación a su candidatura debido a que no llena los requisitos por tener doble nacionalidad.

Hay que recordar que el poder judicial, que fue designado por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, nunca pudo instalarse en Venezuela tras la persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro; una situación que obligó a sus miembros a exiliarse y conformar el Tribunal Supremo de Justicia fuera de territorio venezolano.

El TSJ en el exilio, no solo cuenta con el reconocimiento de la OEA, sino también con el apoyo del Parlamento Europeo.

 

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